COVID-19 y las pensiones de retiro

El 21 de diciembre de 1995 se promulgó la Ley del Seguro Social (LSS) en la cual se introdujo el sistema de capitalización individual, vigente desde el 1º. de julio de 1997. El 30 de marzo 2007 dicho sistema se incorporó a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE). En la actualidad existen 66 millones de cuentas individuales (aunque más del 40% están inactivas) y 10 Administradoras de Fondos de Pensiones (Afore).

En 2021 empezará a pensionarse la primera generación bajo ese sistema, sin embargo, los datos no son nada halagüeños. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) entidad que supervisa y fiscaliza a las Afore, ha señalado que 75 mil personas estarían en la posibilidad de pensionarse. De este grupo, sólo 750 (1%) alcanzarán una pensión y 74,250 (99%) no podrán hacerlo, por lo tanto, confomre a lo que establece la LSS tendrán que seguir cotizando hasta completar 1,250 semanas, o bien, podrán retirar sus ahorros en una sola exhibición (en este caso, el retiro causará impuesto de acuerdo a lo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta)

De los 750 afiliados con posibilidad de pensionarse, sólo 50 de ellos habrán ahorrado 700 mil pesos y los restantes 700 tendrán que recibir el apoyo del gobierno federal para que obtener una pensión mínima garantizada (equivalente a un salario mínimo). En suma, no habrá pensión para el grueso de la generación y, aquellos que lo logren, el monto será muy bajo.

Este panorama no causa sorpresa, porque desde la década de los 90 la literatura internacional había cuestionado los “mitos del sistema” y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó su alejamiento del Convenio 102 Norma Mínima de seguridad social, que prevé pensiones garantizadas, previsibles y por lo menos con el 40% de la tasa de reemplazo.

Los efectos del COVID-19 ponen de nueva cuenta a prueba al sistema privado de pensiones, en una crisis mayor a la del 2008, ante la pérdida de los empleo formales registrados en el país y que podría seguir en aumento.

Ambas leyes de seguridad social prevén la posibilidad de que los trabajadores realicen retiros parciales de sus cuentas individuales en caso de desempleo (1 vez cada cinco años), pero ello tiene como consecuencia la reducción en las semanas de cotización, y a futuro tendrán que laborar para completar el total de las cuotas exigidas por ley o reintegrar el monto retirado.

Hasta el momento, 933,800 trabajadores han retirado recursos y el titular de la CONSAR anticipa que para el mes de junio se espera que lo hagan 1 millón 300,000. Los retiros han oscilado entre 5,000 y 6,000 pesos porque el 75% de los trabajadores tenían ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos y su saldo promedio fluctuaba entre 45,000 y 50,000 pesos en promedio. Pero la volatilidad causada en los mercados, también ha repercutido en los ahorros de los trabajadores porque tan sólo en 2 febrero las cuentas individuales sufrieron la pérdida de 26 mil millones de pesos, según datos oficiales, y se espera que sea mayor durante el segundo trimestre del año.

La combinación de la pérdida de 687, 247 empleos formales en abril y su posible incremento, así como el posible aumento de retiros parciales de los recursos de las cuentas individuales, afectarán la perspectiva de pensión de los trabajadores.

Desde hace varios años y con diversos enfoques se habían planteado una reforma al sistema de capitalización individual. Asimismo, a la luz del COVID.19 algunos partidos políticos han presentado iniciativas de reformas que parecen más ocurrencias, al carecer de un estudio y análisis profundo de la problemática en la materia.

Los organismos financieros internaciones Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y algunos sectores nacionales de la iniciativa privada se pronuncian por la permanencia del sistema como base dentro de un sistema multipilar (pilar no contributivo: pensión universal; pilar contributivo: sistema de capitalización individual) y pilar de ahorro voluntario, individual y colectivo. En torno al pilar contributivo sugieren tres tipos de reformas: a) modificaciones en las bases sustanciales de la capitalización individual: reducir los costos de la administración y las comisiones; ampliar el régimen de inversiones, el mercado de rentas vitalicias y las modalidades para pensionarse; eliminar los retiros en una sola exhibición y mejorar la información, educación asesoría para los afiliados; b) incrementar el porcentaje de cotización y la edad de retiro y c) reformar los regímenes de transición de la LSS y la LISSSTE, con miras a otorgar las pensiones, parte con lo establecido en el sistema anterior y la otra parte con los requisitos del sistema de capitalización individual.

Los organismos internacionales de la seguridad social: OIT y Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y la comunidad académica, ante lo que han denominado la “estrategia fallida de la privatización de las pensiones”, aconsejan una reforma en donde el Estado recupere la rectoría en materia pensionaria y el sistema cumpla con sus objetivos sociales de garantizar ingresos en una etapa de mayor vulnerabilidad y, con ello, evitar la pobreza en la vejez. Así, también sugieren un sistema multipilar (con algunas diferencias). La OIT, propone cuatro pilares: pensión universal, seguro social, regímenes complementarios y ahorro personal. La CISS, también sugiere los mismos cuatro pilares, pero con el pilar contributivo mixto: reparto (para todos trabajadores) y la capitalización individual (como complemento para los de mayores ingresos). Ambas propuestas se centran en un retorno al sistema público como columna hegemónica del sistema, empero debidamente perfeccionado en los parámetros siguientes: definición de derechos, niveles de beneficios, elementos solidarios y de redistributivos, edad, techos y pisos de cotización, criterios de elegibilidad relacionados con el período mínimo de cotización, la fórmula de cálculo de las pensiones, entre otros.

Con los enfoques financieros y de seguridad social pareciera un regreso al debate de los 90. Sin embargo, no es así, dada la experiencia, resultados y lecciones adquiridas en estas últimas décadas donde se ha observado que el avance de la capitalización individual no sólo ha cesado, sino que 18 países (de 30) han re-reformado, revirtiendo total o parcialmente la privatización de las pensiones. Asimismo, porque si bien tanto el sistema de reparto como el de capitalización individual están expuestos a las crisis y a que el trabajador pierda el empleo, lo cierto es que las consecuencias son más graves en el segundo.

El contexto de la crisis (económica y social) con motivo del Covid-19, reaviva el debate sobre la revisión de los objetivos, principios, funciones y financiamiento del sistema de pensiones. No es negativo que participe el sector privado (Afore), porque el financiamiento del sistema debe proceder 3 de fuentes diversificadas para aprovechar las ventajas y minimizar los riesgos. Sin embargo, debe constituir una respuesta adecuada para complementar los sistemas públicos, compaginar la responsabilidad pública y la individual, ofrecer beneficios adicionales y apoyar al desarrollo económico, con pleno respeto a la concepción que dio origen a los sistemas de pensiones, en lugar de responsabilizar a los trabajadores sobre su futuro. El Banco Mundial (principal promotor del sistema de capitalización individual en los 90); reconoció el carácter complementario de éste en 2005, en su propuesta de sistema multipilar (cinco pilares).

La revisión del actual sistema de pensiones de capitalización individual, además involucra una política activa y sostenida de creación de empleo, recuperación salarial y una reforma fiscal.

María Ascensión Morales Ramírez

Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM.